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“Diferentes gobiernos han previsto medidas para aliviar a personas y empresas que se han visto afectadas en la actual pandemia. Beneficios tributarios, plazos en deudas, disminuciones de interés y flexibilización de requisitos para acceder a diferentes productos financieros y ayudas de organizaciones gubernamentales son algunas de ellas. Sin embargo, estas soluciones bien intencionadas, pueden verse afectadas por el riesgo de fraude que se presenta en esta nueva situación.

Toda vez que hay medidas de confinamiento para gran parte de la población en diferentes regiones, las comunicaciones vía correo electrónico se hacen más frecuentes. Los gobiernos y los bancos emplean este canal de una manera más masiva, circunstancia que es conocida por quienes perpetran fraude y se valen de diferentes técnicas de engaño como el pishing (correos electrónicos que parecen proceder de sitios confiables tales como bancos, compañías de servicios públicos, etc. pero que en realidad pretenden manipular al receptor para robar información confidencial) o la ingeniería social para obtener datos de los usuarios.  

De otra parte, las instituciones financieras o de gobierno, al flexibilizar requisitos para acceder a los beneficios, también pueden ser víctimas de engaños y fraudes, puesto que hay personas que no requieren ayudas o no cumplen requisitos y pretenden obtenerlas.

En las operaciones de compra y venta de elementos para una situación de crisis, también se presenta el tema de fraude. Precios de insumos mucho más costosos que los disponibles en el mercado, procesos licitatorios alterados, calidad deficiente en productos y servicios, son otro ingrediente que se suma al panorama.

Las iniciativas de obtener donaciones que son desviadas a cuentas particulares, las fundaciones y organizaciones que aparentan ser de beneficencia para obtener recursos y bienes de otros gobiernos son otros de los recursos de los estafadores para aprovecharse de la caridad de las personas.

En este ambiente, la gestión del riesgo de fraude puede ayudar a evitar que los estafadores utilicen las condiciones actuales para su propia ventaja.

El análisis de datos, el diseño y aplicación de señales de alerta, las medidas de ciberseguridad y un sano escepticismo, pueden constituirse en barreras para contener los intentos de fraude y evitar su materialización. Las personas y las empresas deben mantener debidamente actualizados sus sistemas operativos y programas antivirus, así como evitar acceder a sitios poco confiables. La información recibida por correo electrónico o mensaje de texto debe ser confirmada. Las solicitudes de donación deben provenir de instituciones acreditadas y deben usarse canales autorizados.

Las evaluaciones de riesgo de crédito al interior de las instituciones financieras deben afinarse para que los destinatarios de los alivios sean personas que realmente lo necesitan. Una revisión del historial del cliente y un cruce con la información de los gastos efectuados con tarjetas de crédito, pueden alertar acerca del perfil del cliente. La segmentación de clientes puede ayudar a establecer qué consumidores son más propensos a las estafas de phishing. Dicha información puede utilizarse para activar una mayor vigilancia de la actividad bancaria de las personas de alto riesgo.

Algunas personas podrían verse tentadas a recurrir a prácticas fraudulentas con el propósito de obtener ayudas, al ver que las estrictas condiciones de otorgamiento de créditos o de ayudas han tenido cierto nivel de relajamiento y podrían privar de estos auxilios a personas que realmente lo necesitan. El análisis del comportamiento histórico de los clientes puede ayudar a identificar las causas subyacentes que impulsan la morosidad. Un buen análisis de datos del comportamiento financiero de los clientes en todo el espectro de productos puede ayudar a juzgar la probabilidad de fraude.

Los auditores de las entidades que efectúan volúmenes importantes de compras con el propósito de hacer donaciones y prestar asistencia social deben estar atentos a las condiciones de adquisición. Es importante ver las cotizaciones de los elementos y los procedimientos de selección de los proveedores, así como las condiciones de entrega y recepción de mercancías y la forma y oportunidad del pago.

Es importante revisar la documentación de las fundaciones y asociaciones a quienes se hacen donaciones o con las que se establece algún tipo de relación referente a programas de asistencia social.

Como se advierte, hay un gran riesgo de fraude, por lo que se requiere una acertada gestión para mitigar su ocurrencia y minimizar los impactos derivados de una materialización. Los auditores, expertos en estos temas, son un recurso humano valioso que puede contribuir de manera significativa en este entorno, en beneficio de la sociedad.”